El Bernabé (Tucumán, 29 de mayo de 2026).- El gobernador Osvaldo Jaldo fijó la postura oficial del Poder Ejecutivo provincial tras el violento motín de nueve menores en el Instituto San José Gabriel del Rosario Brochero, defendiendo la transformación del sistema carcelario y las requisas.
Motín Violento y Reacción Gubernamental en Tucumán
El violento motín, protagonizado por nueve menores en conflicto con la ley penal, generó horas de extrema tensión al tomar agresivamente un pabellón y destruir el área de enfermería.
Estos internos mantuvieron como rehén a un trabajador, causando un fuerte impacto en el sistema de minoridad de Tucumán.
Lejos de ceder ante la presión, el gobernador Osvaldo Jaldo capitalizó la situación para reafirmar y defender públicamente las rigurosas medidas de requisa y control penitenciario implementadas en la provincia.
El Primer Mandatario provincial fue enfático al desglosar las verdaderas causas del motín, vinculándolo directamente con el endurecimiento de las medidas de control perimetral y de visitas aplicadas durante el último fin de semana y los días feriados.
"Por el solo hecho de que no se dejó ingresar droga hacia el interior del establecimiento, tuvieron esta reacción violenta", sentenció el gobernador, descartando cualquier reclamo edilicio o de trato institucional por parte de los revoltosos.
Defensa del Nuevo Modelo Carcelario para Menores
En este contexto, el titular del Poder Ejecutivo tucumano defendió el traslado de la población juvenil hacia el remodelado Instituto Padre Cura Brochero.
Marcó un claro contraste con el antiguo e ineficiente Instituto Roca, un predio que, según sus palabras, no cumplía con ninguna normativa nacional o internacional de seguridad.
En el Instituto Roca eran habituales las fugas masivas y el lanzamiento de estupefacientes en plena vía pública hacia los patios internos, poniendo en riesgo la seguridad pública.
El nuevo Instituto Padre Cura Brochero representa un avance significativo en la política de seguridad y resocialización de menores en la provincia.
Este establecimiento busca garantizar condiciones de detención adecuadas y, al mismo tiempo, mantener un control estricto que evite la corrupción interna y el ingreso de elementos prohibidos.
La administración provincial subraya la importancia de un sistema que equilibre los derechos humanos con la necesidad de orden y seguridad institucional.
Críticas a Sectores Judiciales y Preparación Legislativa
En un tramo de alta densidad política, el gobernador Osvaldo Jaldo arremetió contra las corporaciones judiciales y los sectores civiles que habían interpuesto recursos de amparo y trabas legales contra la puesta en marcha del nuevo centro de detención de menores.
El mandatario acusó a estas estructuras, afirmando que "muchas organizaciones defienden los derechos humanos para una sola parte y se olvidan de la otra", ratificando que el Estado tucumano no cederá ante las presiones del denominado **lobby abolicionista**.
Con un panorama complejo por delante, Jaldo aseguró que la provincia continuará ensanchando sus capacidades de control estricto y preparándose logísticamente ante el debate legislativo por la posible baja de la edad de imputabilidad a nivel nacional.
De esta manera, el gobernador dejó en claro que en Tucumán todo el peso de la ley seguirá recayendo sobre quienes atenten contra la paz social y el orden establecido.
