El Bernabé (Tucumán, 5 de mayo de 2026).- El Tribunal de Cuentas de Tucumán declaró la nulidad absoluta de la designación de José César Díaz en la planta permanente de la Caja Popular de Ahorros (CPA). El organismo remitió el caso al Ministerio Público Fiscal por posibles delitos como abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
Designación Irregular y Vicios Administrativos
El origen de este complejo caso se remonta a la Resolución 494/23, firmada el 21 de junio de 2023 por Hugo Ledesma, entonces subinterventor de la CPA. Mediante este acto, Ledesma designó a su superior jerárquico, José César Díaz, en un cargo de alta categoría dentro de la planta permanente, un puesto usualmente reservado para empleados de carrera con antigüedad y proceso de concurso. Esta acción ha sido señalada como el punto de partida de una serie de inconsistencias graves.
Según el Tribunal de Cuentas, la designación infringió el artículo 9 de la Constitución provincial, que prohíbe la acumulación de cargos públicos remunerados. Esto implicó que, al aceptar el nuevo puesto, Díaz cesó automáticamente como interventor en junio de 2023. Sin embargo, continuó ejerciendo de facto sus funciones hasta enero de 2026, administrando recursos y tomando decisiones a pesar de su situación legalmente inválida, lo que agrava la situación.
El organismo de control detalló cinco vicios centrales que invalidan el acto administrativo: falta de competencia del firmante, ausencia de concurso y procedimiento, deficiencias en la motivación jurídica, desviación de poder y contradicción con la Constitución provincial. Adicionalmente, el puesto asignado quedó “materialmente inactivo” dado que Díaz solicitó una licencia política de forma simultánea, lo que profundiza la irregularidad de la situación.
Impacto del Ejercicio Irregular y Ramificaciones Penales
A pesar de haber perdido su condición legal en junio de 2023, José César Díaz continuó firmando decisiones y administrando recursos de la CPA hasta enero de 2026, operando como un "funcionario de hecho". Si bien esta figura valida ciertos actos ante terceros de buena fe, no lo exime de responsabilidad personal por su prolongado ejercicio en un cargo inválido, generando un cuestionamiento ético y legal significativo.
El Tribunal de Cuentas aclaró que, si bien la figura del “funcionario de hecho” valida ciertos actos frente a terceros, no exime a Díaz de responsabilidad personal. Actualmente, Díaz no posee un cargo válido en la CPA, aunque percibe haberes bajo licencia psiquiátrica. El informe también detalla que ejerció actividades profesionales privadas durante ese período, incluso representando intereses judiciales, agravando su situación administrativa y ética.
La maniobra, según la investigación, se habría iniciado con una instrucción directa del entonces gobernador Juan Manzur, quien ordenó a Ledesma avanzar con la designación, eludiendo la estructura formal. Ledesma firmó la resolución sin acreditar la imposibilidad de actuación del titular, y Díaz aceptó el nombramiento sin excusarse, pese al evidente conflicto de intereses. El Tribunal considera que el acto buscaba asegurar un cargo permanente a Díaz tras su rol político, lo que constituye una clara desviación de poder.
Otras Controversias y Perjuicio al Patrimonio Estatal
El caso de la designación irregular de Díaz no es el único frente que investiga el Tribunal de Cuentas en relación a su gestión. Durante su período al frente de la CPA, también se detectaron pagos de seguros sin el respaldo contractual adecuado, generando incertidumbre sobre la legalidad y necesidad de estos desembolsos. Estas inconsistencias suman a la gravedad de las irregularidades administrativas que actualmente están bajo un escrutinio detallado por parte de las autoridades de control.
Una de las situaciones más delicadas es la demanda del futbolista Adrián Arregui, quien reclamó una indemnización por una lesión de 2019. El estudio jurídico contratado por la CPA no respondió la demanda ni cuestionó la competencia judicial, dejando al organismo en total indefensión. Técnicos internos estimaron que el juicio podría derivar en una condena de entre 450 millones y 1.400 millones de pesos. Pese a una declaración posterior, el expediente avanza hacia una posible sentencia adversa para la provincia.
En paralelo, una denuncia penal involucra a Díaz, Ledesma y otros funcionarios por el supuesto desvío de más de 26 millones de pesos en mercadería social. La investigación señala que alimentos y bienes de asistencia social fueron solicitados por la Caja Popular, organismo sin competencia, y retirados sin registro de beneficiarios. El Tribunal de Cuentas identificó un patrón repetido en al menos doce operaciones, sin trazabilidad del destino final.
Investigación en Curso y Futuras Acciones
El Tribunal de Cuentas ordenó iniciar una comprobación sumaria de 60 días para determinar el impacto económico total del caso, incluyendo salarios percibidos indebidamente, posibles superposiciones de ingresos y pagos realizados posterior a enero de 2026. El expediente ya fue enviado a la Justicia penal, mientras que el gobernador Osvaldo Jaldo y las actuales autoridades de la CPA fueron notificados para que avancen en las medidas disciplinarias correspondientes, buscando esclarecer la situación rápidamente.
