El Bernabé (Tucumán, 30 de mayo de 2026).- La Justicia de Tucumán convalidó la política de "mano dura" del gobernador Osvaldo Jaldo, tras el motín de nueve menores en el Instituto San José Gabriel del Rosario Brochero. Este aval judicial desestimó recursos que pedían flexibilizar el régimen.
El motín y la trastienda legal
El violento incidente en el Instituto San José Gabriel del Rosario Brochero, donde nueve menores considerados de alta peligrosidad tomaron las instalaciones y mantuvieron un rehén, activó alarmas operativas. Sin embargo, este suceso también puso de manifiesto una batalla jurídica silenciosa en el fuero penal juvenil.
Dictámenes fiscales y resoluciones judiciales de la semana exponen un claro y coordinado respaldo del Poder Judicial a la doctrina de "mano dura" que pregona el gobernador Osvaldo Jaldo.
La clausura del Instituto Roca y nuevos regímenes
La génesis de este conflicto legal se remonta a la clausura del antiguo Instituto Roca. Este predio operaba bajo un esquema de laxitud, facilitando el ingreso de estupefacientes y reiteradas fugas que comprometían la seguridad.
Diversas organizaciones de derechos humanos y defensores oficiales intentaron, mediante recursos de amparo y hábeas corpus, frenar el traslado de internos al nuevo y seguro Instituto Padre Cura Brochero, alegando rigideces excesivas en las visitas.
No obstante, los fallos judiciales emitidos durante la semana desestimaron de plano dichos planteos corporativos. Los magistrados tucumanos optaron por convalidar las actas de procedimiento de las fuerzas de seguridad.
Se entendió que el orden interno y la prohibición absoluta de ingresar sustancias tóxicas a las áreas de encierro constituyen facultades legítimas e irrenunciables del Estado provincial, priorizando la seguridad y el cumplimiento de la ley.
Perfil de los internos y jurisprudencia
Este blindaje de los tribunales hacia la política penitenciaria del Gobierno adquiere una relevancia institucional suprema al analizar el perfil criminológico de los menores alojados. Con internos que enfrentan procesos penales por delitos gravísimos, incluyendo causas por homicidio agravado y robos con armas de fuego en banda, la Justicia provincial empezó a adecuar sus resoluciones a la realidad del territorio.
De este modo, los dictámenes de la semana no solo sepultaron las demandas de los amparistas que motivaron la revuelta, presuntamente por la falta de droga. También comenzaron a sentar las bases de una jurisprudencia de máxima rigurosidad.
Los tribunales tucumanos se anticipan así al debate nacional por la baja de la edad de imputabilidad, dejando un mensaje inequívoco sobre el cumplimiento efectivo de las prisiones preventivas en Tucumán.
