El Bernabé (Tucumán, 8 de junio de 2026).- El Gobierno de Tucumán, bajo la dirección del presidente subrogante Sergio Mansilla y el ministro Federico Masso, acelera la reglamentación de la Ley Provincial de Salud Mental para fortalecer la prevención de adicciones y autolesiones en jóvenes.
Avance clave en política de contención juvenil
En una muestra de compromiso institucional, Sergio Mansilla, presidente subrogante de la Legislatura a cargo del Poder Ejecutivo, y Federico Masso, ministro de Desarrollo Social, encabezaron una mesa de trabajo crucial. Participaron la licenciada Fabiana Lavaque, del Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos y representante de Rotary, y Florencia Romero, especialista en prevención comunitaria del trastorno suicida. El objetivo fue unificar criterios técnicos para reglamentar la ley de salud mental, un instrumento vital contra el consumo problemático y conductas autolesivas en la juventud tucumana.
Respuesta provincial ante la falta de apoyo nacional
La celeridad en la reglamentación responde a la crítica situación de desprotección que enfrentan las provincias por el drástico repliegue de políticas nacionales. El ministro Federico Masso subrayó la ausencia total de iniciativas preventivas a nivel central en adicciones. Esto obliga al Estado provincial a realizar un esfuerzo fiscal y operativo considerable, coordinando las carteras de Educación, Salud y Desarrollo Social para salvaguardar a las familias tucumanas, blindándolas frente a esta problemática social creciente.
El camino hacia la plena vigencia de la Ley
La reglamentación de esta normativa, tras una fase de consulta interna entre los ministros, será elevada formalmente al gobernador Osvaldo Jaldo. Este marco jurídico resulta indispensable para desplegar nuevos dispositivos colectivos. Dichos mecanismos potenciarán el andamiaje de asistencia territorial que el gabinete social ya implementa en los barrios de mayor vulnerabilidad de Tucumán. La ley busca consolidar una red de apoyo más robusta y eficaz en toda la provincia.
Compromiso y plazos para la acción efectiva
La llamada "doctrina jaldista" que enfatiza el rol del Estado como columna vertebral de las respuestas comunitarias se manifiesta claramente en esta acción. Se ha fijado un plazo de quince días para un nuevo encuentro técnico, donde se definirán los detalles del decreto reglamentario. Esta decisión del Ejecutivo provincial no solo valida el saber científico de los colegios profesionales, sino que también asume un rol proactivo irrenunciable. El gobierno destinará recursos y estructura para consolidar redes de contención psicológica temprana.
Esta iniciativa representa más que una respuesta administrativa; es una decisión política profunda que busca transformar la empatía estatal en una herramienta palpable para salvar vidas. Se priorizará a adolescentes y jóvenes en cada rincón del territorio provincial. Con la plena vigencia de la ley, Tucumán reafirma su compromiso con la salud mental de sus ciudadanos, estableciendo un precedente en la gestión de políticas públicas frente a desafíos sociales urgentes.
