El Bernabé (Tucumán, 10 de junio de 2026).- La Secretaría General de la Gobernación analiza el expediente de El Manantial, que obliga al gobernador Osvaldo Jaldo a decidir sobre una polémica privatización vial, calificada por expertos como un "desastre urbanístico".
Implicaciones Urbanísticas de la Ley en El Manantial
El expediente en cuestión implica la privatización de un tramo vial de 2,3 kilómetros lineales en El Manantial, una de las zonas con mayor valor inmobiliario de la provincia, tasado en 150 dólares el metro cuadrado. Expertas como Marta Casares y Paula Llomparte Frenzel, de la Universidad Nacional de Tucumán, advierten que esta medida podría convalidar un "asesinato urbanístico", profundizando la fragmentación social y consolidando un modelo de ciudad segregada.
El Dilema Político de Osvaldo Jaldo
La situación representa un desafío mayúsculo para el gobernador Osvaldo Jaldo, quien debe sopesar la promulgación de una norma impulsada por el bloque legislativo mayoritario, alineado con Mario Leito, para mantener la "pax parlamentaria". Sin embargo, asumir esta medida equivaldría a validar un proyecto ya desestimado técnicamente por la intelectualidad de la Universidad Nacional de Tucumán, generando un fuerte cuestionamiento a su gestión.
Coherencia de Gobierno y Sospechas de Extorsión
La decisión del mandatario provincial pondrá a prueba la coherencia de su doctrina de "puertas abiertas" e institucionalidad, bandera de su gobierno en contraste con el escenario nacional. La convalidación de una ley supuestamente gestada bajo "extorsión", utilizando el desalojo de familias humildes como método de presión legislativa, socavaría gravemente la narrativa de poder del jaldismo y su rol como garante de reglas claras.
El Rol de los Intereses Corporativos y el Futuro Urbanístico
El "círculo rojo" económico y político de Tucumán observa con milimétrica atención los pasos de la Casa de Gobierno, buscando comprender si la planificación pública o los intereses de los holdings corporativos agroindustriales dictarán los límites del Estado. La firma del Gobernador en el decreto de promulgación será un aval explícito a un modelo de ciudad donde los desarrolladores privados priman sobre las reservas viales colectivas, definiendo un precedente crucial.
