El Bernabé (Tucumán, 11 de junio de 2026).- La Casa de Gobierno activó un “operativo contención” para exigir lealtad incondicional a intendentes y jefes comunales del interior. La medida surge tras declaraciones del vicegobernador Miguel Acevedo y el senador Pablo Yedlin, tensando la interna peronista con presiones financieras.
Desde la tarde del miércoles 10 de junio de 2026, la mesa chica de la Casa de Gobierno puso en marcha un agresivo “operativo contención”, coordinado por operadores de confianza del jaldismo. Este movimiento busca una reacción inmediata y sin contemplaciones ante las esquirlas políticas provocadas por las declaraciones del vicegobernador Miguel Acevedo y el senador Pablo Yedlin, quienes ventilaron pactos rotos en el peronismo provincial.
La advertencia financiera a los municipios
La advertencia, sutil pero implacable, bajó desde los despachos capitalinos hacia los municipios y comunas del interior, estructurada bajo la histórica lógica del “torniquete financiero”. Las minutas internas auditadas por este medio confirman el malestar del ala dura del Poder Ejecutivo ante la posibilidad de que el discurso de Acevedo abriera un canal de fuga para jefes territoriales asfixiados por la situación económica del primer semestre.
La respuesta del jaldismo fue tajante y directa: aquellos distritos que muestren dudas en respaldar la conducción vertical del Gobernador o mantengan coqueteos subterráneos con las recorridas de Juan Manzur verán congelados de manera inmediata los giros discrecionales de fondos. Además, se suspenderán las asistencias complementarias esenciales para el pago de la cláusula gatillo del Sueldo Anual Complementario (SAC), ejerciendo una presión económica considerable.
Tensiones preelectorales y disciplinamiento partidario
Esta contundente demostración de fuerza expone que la aparente “Pax” que se quiso escenificar semanas atrás es, en realidad, una cáscara vacía ante la inminencia del armado electoral de 2027 en Tucumán. Al utilizar la caja pública como una herramienta de disciplinamiento partidario, el Ejecutivo provincial busca clausurar de cuajo el nacimiento de cualquier “tercera vía” o alternativa anti-ajuste que intente articularse desde la Legislatura.
Los intendentes del interior, atrapados en una pinza entre las demandas de gestión de sus bases y la chequera implacable de la Casa de Gobierno, ingresan así en un escenario de extrema tensión. La supervivencia presupuestaria los obliga a sobreactuar una obediencia vertical, mientras observan cómo la cúpula del poder provincial comienza a fracturarse irreversiblemente en la antesala de un cierre de año legislativo que promete ser salvaje.
