El Expediente en la Casa de Gobierno
La polémica privatización de la reserva vial en El Manantial, que beneficia a la firma Citrusvil (Grupo Lucci), ha ingresado a su fase más crítica y definitoria. Registros oficiales de la Mesa de Entradas de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Federico Nazur, confirman la llegada del expediente legislativo minutos después de las 8:00 AM de este martes. Con este paso, el reloj constitucional comienza a correr para la decisión del mandatario.
A partir de este momento, el gobernador Osvaldo Jaldo enfrenta la disyuntiva de estampar su firma para promulgar el beneficio inmobiliario o aplicar un veto. La presión social y técnica es considerable, exigiendo una respuesta que subsane las irregularidades detectadas. La decisión del Ejecutivo provincial definirá el futuro de una porción significativa del territorio, marcando un precedente en la gestión de bienes públicos.
La Controversia del Acuerdo con Ohuanta
El análisis del expediente remitido desde el Poder Legislativo reveló un dato jurídico de gran alarma, que confirma las sospechas de la oposición. El texto definitivo aprobado por los parlamentarios no contiene, ni de forma complementaria ni como anexo, el convenio de contraprestación dominial. Este acuerdo, vital para las 80 familias del asentamiento de Ohuanta, es fundamental en la justificación de la ley.
El legislador oficialista Mario Leito había presentado la regularización de las tierras de Ohuanta como la principal razón moral para aprobar la entrega de esta calle pública. Sin embargo, los documentos oficiales muestran que dicho acuerdo es, hasta el día de hoy, una mera entelequia jurídica. No fue rubricado ni integrado formalmente al cuerpo de la ley, desvirtuando el argumento principal esgrimido para su aprobación.
Presión Política y Riesgos Jurídicos
Esta omisión documental representa una encrucijada política de gran magnitud para la Casa de Gobierno, especialmente con el inicio del segundo semestre. Promulgar una ley de impacto urbanístico basado en una promesa corporativa ambigua, y con las denuncias de “extorsión empresarial” del vicepresidente de la Cámara, Alfredo Toscano, generaría un costo político inaceptable para la administración actual.
La gestión de Osvaldo Jaldo ha enarbolado la transparencia institucional como su estandarte principal. La aprobación de esta ley, con las serias falencias detectadas, podría socavar esa imagen y abrir la puerta a futuros cuestionamientos. Asesores legales del Poder Ejecutivo observan el expediente con recelo, advirtiendo sobre posibles demandas por perjuicio patrimonial contra el Estado provincial, lo que agravaría la situación.
