El Bernabé (Tucumán, 11 de junio de 2026).- La oposición libertaria denunció a la intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros, por presunto enriquecimiento ilícito tras la adquisición de dos lotes en un exclusivo country de Yerba Buena. La operación estaría valuada en U$S 1,2 millón.
Según la presentación judicial auditada por El Bernabé, la denuncia contra la intendenta Raquel Alejandra Graneros se centra en la adquisición de dos parcelas en una zona residencial de alta gama en Yerba Buena. Estas propiedades, ubicadas en un exclusivo barrio privado, habrían sido tasadas en una cifra que asciende a U$S 1,2 millón, generando serios cuestionamientos sobre el origen de los fondos utilizados para su compra.
La voz de la oposición: Críticas de Mariano Campero
El diputado nacional Mariano Campero, flamante integrante de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), capitalizó este escándalo mediático, ligando el patrimonio de la intendenta con la realidad de las comunidades del interior. Para el legislador, este caso representaría "apenas la punta del iceberg" de una presunta matriz de desvío de fondos públicos que se repite sistemáticamente en municipios y comunas bajo el control del oficialismo tucumano.
Campero fustigó que "uno encuentra hoy en pueblos muy pequeños delegados comunales que viven en mansiones compradas tiki-taka". Mientras tanto, estas localidades, según el diputado, padecen la desprotección, sin acceso a agua potable, con caminos intransitables y sin posibilidades reales de desarrollo. El exintendente de Yerba Buena también usó la ironía al remarcar el éxodo de jerarcas justicialistas hacia el oeste, afirmando que "alguito habremos hecho bien para que quieran dejar su ciudad y mudarse allí".
Impacto político y nueva estrategia opositora
La gravedad de estas denuncias formuladas por Campero dinamita el relato de "contención territorial" y austeridad que el gobernador Osvaldo Jaldo intentó instalar en recientes cumbres. Al corporizar la corrupción en figuras concretas del municipalismo, la narrativa libertaria traslada el debate desde la macroeconomía abstracta hacia la realidad palpable de los vecinos del interior, quienes sufren la falta de servicios básicos mientras observan la ostentación de sus gobernantes.
Editores de este portal interpretan que la ofensiva penal, impulsada por figuras como el legislador Manuel Courel, el concejal Luis Escobar y el dirigente Luis Augier, marca un cambio fundamental. El antiperonismo ya no solo cuestiona la ineficiencia de la gestión pública, sino que avanza decididamente sobre las declaraciones juradas y los bienes personales de los "barones" del interior, amenazando con desatar un vendaval de auditorías civiles que la Justicia provincial difícilmente podrá cajonear.
