El Bernabé (Tucumán, 12 de junio de 2026).- Una auditoría de fondos provinciales revela un esquema de transferencias discrecionales del gobierno de Osvaldo Jaldo, utilizado para alinear políticamente a los municipios tucumanos. Este "Plan Platita" premia a los leales y castiga a los intendentes díscolos con giros de dinero.
La investigación de El Bernabé, basada en planillas analíticas de la Tesorería General y decretos de Fondos No Reintegrables, destapa un mecanismo de relojería política. Detrás del rígido discurso de disciplina fiscal del gobernador Osvaldo Jaldo, se esconde una estrategia para asegurar el alineamiento territorial. Este plan, apodado "Plan Platita" jaldista, demuestra una aplicación desigual de los recursos financieros provinciales.
Mecanismo de Premios y Castigos
Las planillas auditadas exponen una clara disparidad: mientras municipios con intendentes "díscolos" o con ambiciones de autonomía enfrentan un goteo insuficiente de coparticipación, apenas cubriendo sus masas salariales, las jurisdicciones leales al oficialismo provincial reciben inyecciones millonarias de "asistencia financiera de emergencia". Esta soga presupuestaria no se ajusta de la misma manera para todos los 19 municipios y 93 comunas rurales de Tucumán.
Este esquema de premios y castigos económicos emerge como la principal herramienta de disciplinamiento político. Se vislumbra un claro objetivo: influir en el adelantado armado electoral de 2027. La Casa de Gobierno, al girar fondos discrecionales durante el primer semestre de 2026, parece utilizar la billetera estatal no para corregir asimetrías estructurales, sino para fidelizar la lealtad dentro de su tropa política.
Discrecionalidad vs. Necesidades del Interior
La investigación sugiere que los recursos públicos no se destinan a resolver las graves carencias del interior tucumano, donde numerosas comunas aún sufren por la falta de agua potable y caminos productivos en mal estado. En cambio, estos fondos se transforman en combustible para el proyecto de centralización del poder de Jaldo, priorizando la adhesión política sobre las necesidades básicas de la población.
Intendentes del interior profundo se ven obligados a "peregrinar" a la capital para solicitar adelantos de caja, esenciales para costear el bacheo de calles o mantener la recolección de residuos. Esta situación los condiciona a firmar cualquier declaración de apoyo que emane del Poder Ejecutivo provincial. Tal dependencia económica se convierte en una herramienta efectiva para garantizar la verticalidad política.
Esta manipulación de los fondos públicos desvirtúa la narrativa oficial sobre la "transparencia técnica" del gabinete económico. El superávit provincial de Tucumán, lejos de traducirse en desarrollo genuino y equitativo para todos los ciudadanos, se consolida como un fondo de reserva político. Este es administrado por Jaldo con una lógica de "patrón de estancia", mercantilizando la necesidad de los municipios.
