El Bernabé (Tucumán, 9 de junio de 2026).- La Legislatura de Tucumán aprobó la privatización de un camino público en El Manantial a favor del Grupo Lucci, una medida que ha sido calificada como un “desastre” urbanístico por la oposición. Esta decisión genera un monumental negocio inmobiliario y un perjuicio estructural para la planificación del área metropolitana.
El negocio inmobiliario detrás de la privatización
Más allá del severo daño a la investidura institucional de la Legislatura, la privatización del camino público en El Manantial comporta un monumental negocio inmobiliario y un perjuicio estructural para la planificación del área metropolitana. Sectores técnicos no han dudado en calificarlo como un “desastre a medida”, debido a las implicaciones a largo plazo para la ciudad.
Durante el debate presupuestario y de zonificación, el legislador opositor Carlos Verón Guerra aportó un dato financiero medular que dimensiona el beneficio otorgado al Grupo Lucci. El valor de mercado del metro cuadrado en ese sector específico, hoy blindado por desarrollos residenciales de élite, cotiza holgadamente en el orden de los USD 150.
La entrega gratuita de una traza vial de 650 metros de largo por 10 de ancho representa una fenomenal capitalización de activos para el privado, ejecutada sin ningún tipo de contraprestación auditable o freno regulatorio por parte del Estado. Esta acción genera una controversia considerable por la falta de transparencia y control.
Impacto urbanístico y el "blindaje" territorial
“Urbanísticamente vamos a asesinar una zona”, alertó Verón Guerra de forma taxativa, un vaticinio que fue refrendado con precisiones geográficas por su par de la oposición, Manuel Courel. El parlamentario detalló que la franja comprendida entre San Pablo y El Manantial abarca ya unas 280 hectáreas.
Estas hectáreas están dominadas casi con exclusividad por countries y barrios cerrados que se expanden de manera anárquica ante la alarmante ausencia de control estatal integral. Con la aprobación de la ley a favor de Citrusvil, el Grupo Lucci logra blindar un bloque territorial macizo e infranqueable de 2,3 kilómetros de extensión en la zona.
Este “blindaje” territorial suprime de forma definitiva la posibilidad de abrir calles perpendiculares que sirvan como vías de descompresión vehicular o rutas de escape ante contingencias climáticas o de seguridad. La medida hipoteca la futura planificación urbana y restringe el crecimiento ordenado del área metropolitana de Tucumán.
Aislamiento social y colapso vial
La mayor perversidad del trazado aprobado radica en su impacto social directo, lamentó Courel. El legislador lamentó que se esté cerrando “de una vez y para siempre” la conectividad vial de un sector sensible de El Manantial, con el agravante crítico de que en las inmediaciones funciona un establecimiento escolar.
Al clausurar esta vía pública, la ley condena a miles de vecinos de los barrios periféricos y de los propios loteos a volcar sus vehículos de forma obligatoria sobre avenidas principales. Estas arterias, en la actualidad, ya se encuentran en un estado de colapso y saturación vehicular irreversible, agravando la situación del tránsito diario.
De este modo, la trastienda de la norma expone cómo la ambición inmobiliaria de un holding corporativo logró torcer el brazo del poder político en Tucumán. Se impuso el beneficio de una minoría por sobre el desarrollo sustentable y el derecho a la ciudad de las futuras generaciones de tucumanos.
