La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) manifestó que el reciente desembolso de 2.000 millones de pesos, oficializado por decreto del gobernador Jaldo, resultó ser apenas un paliativo. La cámara empresaria destacó que el aumento del costo del gasoil grado 3, sumado al precio dolarizado de repuestos y cubiertas, dejó sin efecto la ayuda, reavivando la discusión por una actualización tarifaria que se acerca a los 1.500 o 1.800 pesos.
La quita de los subsidios nacionales impactó directamente en las provincias del interior, colocando a Tucumán en desventaja frente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta situación fue el punto central del análisis de AETAT y complejiza las negociaciones con el Concejo Deliberante de la Capital, donde los ediles buscan un equilibrio entre la viabilidad económica de las empresas y la capacidad de pago de los usuarios, quienes ya perciben un servicio deficiente.
Impacto en la flota y frecuencias
Miles de trabajadores y estudiantes tucumanos dependen diariamente del transporte público, y ya observan con preocupación la drástica reducción de la frecuencia de las unidades durante las horas valle. Esta medida, adoptada por las empresas en un intento por ahorrar combustible, afecta la planificación y puntualidad de los usuarios. La falta de inversión en unidades nuevas es una realidad, con un 40% de la flota cercana a cumplir el límite de antigüedad permitido, afectando directamente la calidad del servicio.
Amenazas de paro y expectativa gremial
Los empresarios de AETAT han advertido sobre la imposibilidad de pagar los salarios de mayo si no se concreta una suba de tarifas o una inyección adicional de fondos públicos. Ante este panorama, el gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) se mantiene expectante, consciente de que cualquier demora en los depósitos salariales podría disparar medidas de fuerza inmediatas. Esta situación pone en jaque la continuidad de un servicio esencial para la provincia.
La estrategia oficial de "comprar paz" con subsidios de emergencia parece haber alcanzado su límite de sostenibilidad fiscal, abriendo el debate sobre un nuevo modelo de transporte en Tucumán. En los pasillos de la Casa de Gobierno, se discute la necesidad de mayor control estatal o la implementación de licitaciones más exigentes para el servicio. La resolución de esta puja tarifaria definirá el costo de vida de los tucumanos y la viabilidad de un sistema que hoy es percibido como ineficiente y desigual.
