El Bernabé (Tucumán, 4 de mayo de 2026).- La Cámara Federal de Apelaciones ratificó los procesamientos de altos ejecutivos de una firma minera por el vertido de metales pesados en la cuenca Salí-Dulce. Este fallo es una victoria histórica para el Estado tucumano y organizaciones ambientalistas.
Confirman graves cargos por daño ambiental
El fuero penal económico y ambiental de la Justicia Federal, con asiento en Tucumán, consolidó su posición contra las prácticas extractivas irresponsables. La Cámara Federal de Apelaciones confirmó los procesamientos de ejecutivos de una firma minera, acusados de volcar metales pesados como cobre, cromo y mercurio en los ríos de la cuenca Salí-Dulce. Estos vertidos han afectado gravemente el Embalse de Río Hondo, comprometiendo el ecosistema acuático y la salud de miles de habitantes que utilizan sus aguas para consumo y riego.
Contundencia de pericias y desestimación de defensas
La clave para la decisión judicial recayó en la contundencia de las pericias técnicas, realizadas por la Gendarmería Nacional y diversos organismos universitarios especializados. Dichas pruebas fueron determinantes para desestimar los recursos presentados por las defensas, que argumentaban que los vertidos se encontraban dentro de parámetros "normales" de operación. Este dictamen refuerza la idea de que la rentabilidad económica de un emprendimiento minero jamás justificará la degradación irreversible del medio ambiente en la provincia de Tucumán.
Mensaje claro: responsabilidad penal bajo la Ley 24.051
La Justicia Federal aplicó con rigor la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, estableciendo con claridad que la responsabilidad penal de estos crímenes recae directamente sobre los directivos de la firma minera. Se comprobó que estos ejecutivos omitieron realizar inversiones cruciales en plantas de tratamiento, priorizando el ahorro operativo por encima de la sustentabilidad territorial. Este veredicto envía un mensaje contundente a todo el sector extractivo: Tucumán no tolerará ser una zona de sacrificio para la minería irresponsable, ni permitirá la violación de normativas ambientales.
Abren puerta a demandas civiles millonarias
Más allá de la vía penal, esta decisión judicial abre un nuevo frente para la firma minera, al habilitar la presentación de demandas civiles millonarias por reparación de los daños ambientales causados. Esta situación obligará a todas las empresas del sector a revisar, de manera urgente y exhaustiva, sus protocolos de cumplimiento ambiental. La medida busca garantizar que la responsabilidad por la degradación del entorno recaiga en quienes la provocan, impulsando la adopción de prácticas sostenibles en el sector.
Hito para la justicia ambiental en el Norte Grande
La prolongada lucha por la preservación de la cuenca Salí-Dulce ingresó en una etapa de definiciones cruciales, donde la legislación finalmente ampara a quienes defienden el agua y el medio ambiente. Este fallo representa un hito jurisprudencial de alcance nacional, que será objeto de estudio en todo el país. Se lo considera el "despertar" de la justicia ambiental en el Norte Grande, sentando un precedente indispensable para futuras causas de esta índole.
