La decisión del Tribunal de Cuentas desbarata una jugada política que pretendía asegurar a Díaz un puesto jerárquico permanente dentro de la Caja Popular de Ahorros. Según fuentes, esta designación se habría concretado en los últimos días de su intervención, poco antes de la asunción de Osvaldo Jaldo, buscando consolidar su posición de influencia al margen de la nueva gestión.
La estrecha relación entre Díaz y el diputado nacional Carlos Cisneros, forjada en el gremio La Bancaria, es clave para entender la maniobra. José César Díaz era considerado el custodio de los intereses del sindicato dentro de la institución crediticia tucumana, lo que explica el intento de blindaje ante el cambio de autoridades en la provincia. Este revés legal representa un golpe directo al poder de incidencia de Cisneros en la administración pública local.
El fallo del TC y la vía penal
El dictamen del Tribunal de Cuentas fue contundente al declarar la nulidad absoluta del nombramiento, señalando que el acto poseía 'vicios graves e insanables'. Esta categoría legal implica que la designación carecía de los requisitos esenciales para su validez, abriendo la puerta a una investigación más profunda sobre las responsabilidades de quienes intervinieron en el proceso. La firmeza del fallo marca un precedente importante.
Como consecuencia de la nulidad, el expediente fue remitido directamente al Ministerio Público Fiscal, donde se investigará la posible comisión de delitos como abuso de autoridad. Esta derivación eleva la causa del ámbito administrativo al penal, transformando lo que era una disputa por un cargo en una potencial investigación judicial con consecuencias legales más severas para los involucrados en la maniobra.
Repercusiones y un mensaje a los 'acomodados'
Este fallo es visto como un quiebre al blindaje de un sector que hasta ahora se consideraba intocable dentro de la administración pública provincial. La caída de José César Díaz no solo afecta su situación personal, sino que establece un precedente peligroso para otros 'becados' del gremio bancario que habrían obtenido cargos por influencia política. El mensaje es claro: el tiempo de los acomodos sindicales podría estar llegando a su fin en Tucumán.
