El Bernabé (Tucumán, 8 de mayo de 2026).- El Tribunal de Cuentas (TC) de Tucumán emitió resoluciones observando las contrataciones directas de los Ministerios de Salud y Educación, demandando mayor justificación en el uso de fondos públicos.
El Tribunal de Cuentas, organismo clave en la administración pública tucumana, cumple con la función de controlar la legalidad y legitimidad del gasto estatal.
Recientemente, su cuerpo de auditores ha focalizado su atención en el manejo de fondos de dos carteras neurálgicas del gobierno de Osvaldo Jaldo: los Ministerios de Salud y Educación.
Las observaciones se centran en el uso de "contratación directa", una herramienta para agilizar compras en contextos de emergencia que, según el TC, no exime la debida justificación de cada peso invertido por parte de los funcionarios públicos.
Observaciones en Compras de Emergencia
Los expedientes bajo escrutinio del Tribunal se relacionan con la adquisición de insumos de emergencia sanitaria y material didáctico, principalmente destinado a zonas del interior provincial.
El análisis técnico del órgano fiscalizador reveló que se ha solicitado a ambas carteras ministeriales una ampliación exhaustiva de la información.
La prioridad es conocer los cotejos de precios realizados y los fundamentos que sustentaron la elección de los proveedores, un aspecto crucial para la transparencia en el manejo de los recursos públicos, especialmente en un contexto de alta inflación que afecta la provincia.
Exigencias de Transparencia y Precios de Referencia
En este escenario económico volátil, el Tribunal de Cuentas ha sido enfático en que la "urgencia" declarada por la legislación de emergencia no debe servir como justificación para obviar la búsqueda de la oferta más conveniente para el Estado tucumano.
Los auditores subrayaron la imperiosa necesidad de contar con precios de referencia actualizados que garanticen una compra eficiente y transparente. Asimismo, se instó a evitar la concentración sistemática de adquisiciones en un grupo reducido de empresas, promoviendo así una mayor competitividad y probidad en las licitaciones públicas.
Impacto Político y Administrativo en la Gestión
Esta revisión administrativa se produce en un momento político de gran sensibilidad para el gobierno de Osvaldo Jaldo, quien busca consolidar un discurso de eficiencia en el uso de recursos ante la disminución de fondos nacionales.
Para la ciudadanía, las observaciones del TC no implican necesariamente ilícitos penales, sino una clara señal de que los procesos de rendición no cumplen con los estándares de transparencia exigidos.
A nivel de la gestión pública, cada observación puede significar demoras en los pagos o la imposición de cargos y multas personales a los funcionarios responsables.
El Rol del Tribunal como Garante de la Prolijidad
El rigor aplicado por el Tribunal de Cuentas envía un mensaje contundente al gabinete provincial: las leyes de emergencia permiten agilidad, pero no eximen del control ni de la prolijidad administrativa.
La focalización en Salud y Educación es estratégica, dado que son los ministerios con mayor presupuesto y cuyo gasto impacta directamente en la sociedad.
Mientras los ministros involucrados se aprestan a responder los informes, el TC reafirma su papel técnico de guardián, recordando que la transparencia es una obligación procedimental, no un mero eslogan de campaña en Tucumán.
