El Bernabé (Tucumán, 9 de mayo de 2026).- El Gobierno de la Provincia demolió hoy construcciones ilegales sobre tierras fiscales en la ribera del Río Salí, en la zona sur oeste del Puente Lucas Córdoba, en San Miguel de Tucumán. Esta acción se enmarca en una política de tolerancia cero a las usurpaciones y defensa del patrimonio público.
Detalles del Operativo de Demolición
La demolición, ejecutada por la Fiscalía de Estado, la Dirección Provincial del Agua (DPA) y la Dirección General de Catastro, tuvo lugar en la ribera del Río Salí, cerca del Puente Lucas Córdoba. Esta medida afecta construcciones ilegales levantadas sobre tierras fiscales en San Miguel de Tucumán. El objetivo es recuperar el espacio público y restablecer el orden territorial.
El Fiscal de Estado Adjunto, Raúl Ferrazzano, enfatizó que la directriz del gobernador Osvaldo Jaldo es aplicar "tolerancia cero" a las usurpaciones. Junto a la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, se busca ordenar el patrimonio provincial. Ferrazzano confirmó que el operativo de hoy procedió a la demolición de edificaciones indebidas, recuperando un espacio público crucial para la provincia.
Marco Legal y Verificación de Ilegalidad
Esta acción se alinea con la política de ordenamiento territorial y defensa del patrimonio público impulsada por la actual gestión provincial. Se aplica el procedimiento de autotutela administrativa, sustentado en el Decreto N.º 3.664/1 (FE). Dicha normativa permite al Estado actuar directamente para proteger sus propiedades. Esta estrategia busca establecer un precedente firme contra futuras ocupaciones irregulares.
Con base en la Resolución N.º 156 de la DPA, inspecciones previas confirmaron la presencia de diversas construcciones. Se detectaron loteos, viviendas, galpones y actividades comerciales. Todas estas edificaciones estaban emplazadas dentro del dominio público hidráulico del Río Salí, una zona considerada de alto riesgo hídrico.
La información del sistema GIS de la Dirección General de Catastro complementó estos hallazgos. Se verificó que los terrenos afectados carecen de padrón y de identificación catastral. Esto confirmó su estatus como parte del dominio público provincial, perteneciente específicamente al Río Salí. Este dato refuerza la ilegalidad de las ocupaciones.
Riesgos Identificados y Colaboración Institucional
Los informes técnicos de la DPA indicaron que las ocupaciones ilegítimas invadían la línea de ribera del río. Esto comprometía seriamente el funcionamiento hidráulico de la zona y creaba un riesgo. La situación ponía en peligro a los ocupantes y a la infraestructura pública cercana, destacando la vulnerabilidad del Puente Lucas Córdoba.
Del operativo conjunto participaron activamente el director Provincial del Agua, Marcelo Cancilleri; el director de Protección del Patrimonio y Medio Ambiente, Hugo Vitale; y el subdirector de Catastro, Ariel Llabra. También asistió personal policial, en una muestra de coordinación interinstitucional. El objetivo fue recuperar el patrimonio público y asegurar el estricto cumplimiento de la ley.
Política de Estado contra Usurpaciones
El Gobierno provincial reafirmó que la recuperación de tierras fiscales y la liberación de zonas de riesgo hídrico son pilares de una política de Estado. Esta estrategia busca preservar el patrimonio provincial, proteger la seguridad de los ciudadanos y prevenir nuevas ocupaciones ilegales en áreas vulnerables a inundaciones.
