El Bernabé (Tucumán, 11 de mayo de 2026).- El Tribunal de Impugnación de Tucumán revisa el sobreseimiento de exjugadores de Vélez Sarsfield acusados de presunta violación, en audiencias que exponen una estrategia querellante enfocada en nulidades y una movilización con tintes políticos orquestada por el cisnerismo.
El debate judicial y la estrategia de la querella
Las audiencias, realizadas el 7 y 8 de mayo, revisaron el sobreseimiento a los exjugadores de Vélez Sarsfield. La querella, representada por María de Lourdes Parache, enfocó su exposición en pedidos de nulidad de pericias técnicas y exclusiones probatorias, evitando confrontar el fondo de un fallo sustentado en 530 megabytes de evidencia. Esta estrategia parece priorizar aspectos periféricos sobre el sustento probatorio del caso.
El recurso de 13 páginas presentado por la querella exhibe, según fuentes judiciales, una notable debilidad dogmática. Recurre a jurisprudencia extranjera que no aplica al caso local y pretende invertir la carga de la prueba, exigiendo que la defensa pruebe el consentimiento. El juez de primera instancia ya calificó el encuentro como "consentido", lo que genera controversia en la fundamentación legal.
La movilización política y su objetivo
En paralelo a los debates técnicos, el cisnerismo movilizó a sus bases sindicales, con cerca de un centenar de mujeres de la Asociación Bancaria, para montar una "espectacularización" en San Miguel de Tucumán. La marcha no apuntó a los futbolistas, sino a figuras políticas y mediáticas ajenas al expediente, como el juez Augusto Paz Almonacid, acusado de ser "cómplice".
Esta movilización incluyó números performáticos y denuncias de corrupción simulando entregas de dinero a autoridades del Ministerio Público Fiscal, evidenciando la utilización de la lucha feminista como herramienta de presión política. Ya en diciembre, la abogada Soledad Deza advirtió sobre esta "espectacularización", lamentando que la denunciante careciera de una defensa feminista que priorizara el acceso efectivo a la Justicia sobre el "tour mediático".
Situación de los abogados querellantes y la causa federal
La controversia se extiende a los abogados de la impugnación, Patricia Neme y José César Díaz. Ambos son agentes de la Caja Popular de Ahorros y, desde el 9 de marzo de 2026, gozan de licencias psiquiátricas por "tratamiento prolongado", percibiendo sueldos millonarios mientras ejercen la defensa privada por instrucción de Carlos Cisneros. Esta situación genera cuestionamientos éticos y laborales.
Además, Neme está coimputada en la justicia federal por trata de personas, acusada de instigar falsos testimonios y adulterar evidencia digital en esta misma causa. La causa federal por trata de personas continúa su curso, con pedidos de indagatoria y prohibición de salida del país para Cisneros, Neme y otros. La evidencia técnica sugeriría una fabricación coordinada de la denuncia original.
