El Bernabé (Tucumán, 12 de mayo de 2026).- El Tribunal de Cuentas de Tucumán denunció la presunta nulidad absoluta de la designación de José César Díaz en la Caja Popular de Ahorros, lo que implicaría un perjuicio fiscal superior a los $700 millones y derivaría en graves consecuencias legales. La maniobra, revelada por el Acuerdo N° 1348, pone en jaque una estructura de poder de casi tres décadas.
Detalles de la designación irregular
La controversia se origina el 21 de junio de 2023, cuando Hugo Guillermo Ledesma, entonces subinterventor de la CPA y actual legislador, firmó la Resolución N° 494/23. Esta resolución designó a José Díaz como Subgerente General Adscripto, una acción que el Tribunal de Cuentas vincula directamente a una instrucción del exgobernador Juan Manzur. La medida violó el Estatuto del Personal y el Artículo 9° de la Constitución Provincial.
Al aceptar este segundo cargo mientras aún era interventor, José Díaz incurrió en la “vacancia automática” de su puesto original, según el organismo de control. Esta circunstancia invalida legalmente todas las resoluciones y manejos de fondos públicos que firmó desde ese momento hasta su desplazamiento en enero de 2026. El Tribunal de Cuentas subraya que la designación carecía de concursos y órdenes de mérito.
La red de poder y el perjuicio millonario
El perjuicio fiscal estimado supera los $700 millones, cifra que el TC atribuye a la percepción simultánea de sueldos y beneficios laborales obtenidos irregularmente. Esta maniobra es vista como parte de una estructura de poder que Carlos Cisneros habría consolidado en la Caja Popular de Ahorros durante casi tres décadas. La trama también involucra los intereses de la conducción de La Bancaria, según el expediente.
La trayectoria de Cisneros en la Caja Popular ha estado previamente marcada por denuncias de designaciones discrecionales, primas millonarias por seguros y vínculos con redes históricas de juego ilegal. El fallo del Tribunal de Cuentas, al derivar las actuaciones al Ministerio Público Fiscal, busca romper un presunto blindaje que, según trascendió, intentó mantenerse con hostigamiento a la prensa y al Poder Judicial.
Repercusiones y futuro judicial
Este episodio es descrito por investigadores como una pieza de un “dispositivo paraestatal” que operaría con códigos de silencio e intimidación. La sociedad tucumana observa la confirmación de un uso de facultades administrativas para fines ajenos a la ley, tal como lo describe el informe. La reciente marcha del 7 de mayo, con consignas contra magistrados y periodistas, evidencia las tensiones en este contexto.
Mientras la Comprobación Sumaria avanza para determinar el alcance definitivo del daño al patrimonio público, el Acuerdo N° 1348 pone en jaque la legitimidad de una red de influencia. La Justicia tiene ahora la tarea de sancionar un esquema que el organismo de control de la provincia de Tucumán califica como una organización paraestatal que manejó recursos como patrimonio personal.
