El Bernabé (Tucumán, 8 de junio de 2026).- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán impuso una sanción exprés a una empresa de transporte de residuos de demolición por volcado ilegal de escombros en la ribera del Río Salí, luego de una minuciosa investigación ambiental.
Detalles de la Investigación Municipal
La rápida sanción contra la transportista de residuos de demolición no surgió por casualidad, sino que fue resultado de una exhaustiva pesquisa de campo iniciada por las áreas operativas del municipio capitalino. Las actuaciones administrativas se originaron en la Fiscalía Ambiental Municipal, que obtuvo registros fotográficos y audiovisuales detallados, mostrando a camiones realizando operaciones ilegales en la ribera del Río Salí, un área ambientalmente sensible.
Tras la obtención de estas pruebas, se activó un protocolo de inspección conjunta en el territorio a cargo de la Brigada Ambiental Municipal (BAM). Este brazo operativo, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable liderada por Julieta Migliavacca, constató masivas acumulaciones de escombros de contenedores, revelando que la firma responsable carecía de cualquier habilitación para operar en ese predio.
La Audiencia Virtual y el Fallo Judicial
En la audiencia virtual, el fiscal ambiental Javier González presentó con precisión técnica las pruebas documentales y los testimonios vecinales recolectados. Argumentó que el vertido de estos áridos representa un riesgo hidráulico y ecológico significativo para los cursos de agua subterráneos y superficiales del Gran San Miguel de Tucumán, afectando directamente la calidad del recurso hídrico local.
Aunque la apoderada legal de la firma imputada, Luciana Musa, intentó una defensa y aportó sus propios descargos, el volumen de pruebas digitales resultó irrefutable. El juez Ruiz Lizondo convalidó la demanda de la municipalidad, pero concedió un plazo prudencial para que la empresa regularice su situación y cumpla con la normativa vigente.
Compromiso Ambiental y Participación Ciudadana
El Fiscal González resumió la base doctrinaria de la acción municipal, declarando que los ríos, el aire y el suelo carecen de voz para denunciar. Subrayó que es una obligación irrenunciable del Estado y sus funcionarios actuar con rapidez para evitar que intereses privados comprometan el patrimonio ambiental colectivo de la comunidad tucumana.
En esta línea, la gestión municipal ha instado a los contribuyentes a convertirse en protectores activos del entorno urbano, utilizando el portal Ciudadano Digital. Esta plataforma interactiva permite enviar denuncias en tiempo real, incluyendo imágenes georreferenciadas, y posibilita el seguimiento en vivo del progreso de cada trámite, fortaleciendo el control social contra la impunidad ambiental en Tucumán.
