El Bernabé (Tucumán, 11 de junio de 2026).- Una grave denuncia penal por enriquecimiento ilícito fue presentada contra la intendenta Raquel Graneros, generando un fuerte impacto judicial y político en la provincia de Tucumán. La acusación apunta a transacciones inmobiliarias suntuarias en el Gran San Miguel.
Los detalles de la acusación judicial
La presentación judicial, ingresada en los tribunales penales, fue impulsada por Manuel Courel y referentes de las localidades de Alberdi y Simoca. La investigación busca desentrañar un complejo circuito de triangulación financiera y un manejo discrecional de fondos, que habrían permitido a la jefa comunal consolidar importantes transacciones inmobiliarias. Estas operaciones, centradas en el Gran San Miguel, se contraponen abiertamente con los ingresos declarados para su función pública, poniendo en tela de juicio su patrimonio.
Específicamente, el expediente acusa a Graneros de haber invertido aproximadamente U$S 1,2 millón en propiedades suntuarias dentro de countries ubicados en Yerba Buena. Esta cifra contrasta drásticamente con los salarios y emolumentos correspondientes a su cargo público, sugiriendo una inconsistencia patrimonial. La denuncia no solo representa una amenaza jurídica directa para su gestión, sino que además funciona como una cuña política que busca fracturar la precaria tregua sellada por el oficialismo provincial ante la acuciante crisis fiscal.
El impacto en las comunidades rurales
El diputado Mariano Campero, de La Libertad Avanza (LLA), denunció las graves consecuencias del supuesto drenaje de recursos en la vida cotidiana de las poblaciones rurales. Mientras la cúpula política se resguarda en barrios privados del oeste tucumano, los ciudadanos en el interior de la provincia enfrentan un profundo desamparo logístico. La conectividad vial y el transporte interurbano se encuentran colapsados, impidiendo el desarrollo regional y afectando directamente a quienes se desplazan entre los pueblos y la capital.
Estrategia política y la mira en 2027
Esta embestida libertaria representa un golpe estratégico para la Casa de Gobierno. Por un lado, Lisandro Catalán cuestiona la legitimidad de Miguel Acevedo al exponer un presunto desborde de contratos temporarios en la Legislatura provincial. Paralelamente, Mariano Campero ataca la base de sustentación territorial del gobernador Osvaldo Jaldo, al visibilizar el elevado nivel de vida de algunos delegados comunales en contraste con la realidad social.
Las revelaciones sobre adquisiciones inmobiliarias de alto valor se dan en un momento crítico para Tucumán. La Fundación Federalismo y Libertad ha reportado un déficit fiscal de $140.000 millones, mientras el consumo se desploma en toda la provincia. En este escenario de ajuste económico, la información sobre mansiones "tiki-taka" anula cualquier margen de tolerancia social. La lucha por el recambio institucional de 2027 parece haberse trasladado desde los despachos oficiales a los tribunales y a la realidad de los pueblos más vulnerables.
