El Bernabé (Tucumán, 9 de junio de 2026).- La intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros, fue denunciada penalmente por enriquecimiento ilícito ante la Justicia de San Miguel de Tucumán. La presentación judicial refiere a la adquisición de lotes en un country de Yerba Buena con sumas de dinero en efectivo que exceden notablemente sus ingresos declarados.
Las compras inmobiliarias en Las Yungas
La grave denuncia penal fue motorizada por un bloque opositor territorial de peso, encabezado por el legislador Manuel Courel, el concejal simoqueño Luis Escobar y el dirigente de Alberdi, Luis Augier. Estos denunciantes aportaron pruebas documentales, indicando que la mandataria habría adquirido los lotes 70 y 71 del exclusivo country Las Yungas, ubicado en Yerba Buena. La cifra superaría el millón de dólares, abonado íntegramente en efectivo, lo que desproporciona sus ingresos como funcionaria pública.
Inconsistencia patrimonial y expensas millonarias
El texto de la denuncia, patrocinado técnicamente por Augier, hace hincapié en una alarmante inconsistencia patrimonial y fiscal de la intendenta. Los denunciantes argumentan que Alejandra Graneros carece de antecedentes laborales o comerciales en el sector privado que justifiquen el origen de semejante volumen de divisas. Afirman que su carrera económica reciente se desarrolló completamente bajo el amparo de las planillas salariales del Estado.
La sospecha institucional se profundiza al analizar el tren de vida que exige la propiedad en Las Yungas. Como correlato de la unificación de los lotes para edificar una imponente mansión, la intendenta figura en los registros de administración del barrio cerrado abonando expensas mensuales líquidas de $ 570.090 y $ 566.690 por cada parcela. Estas cifras astronómicas evaporan por completo el sueldo formal de cualquier alcalde del interior tucumano, según el informe.
Impacto político y el control municipal
Para los analistas de la trastienda del poder, esta causa penal coloca al municipalismo en una situación de extrema vulnerabilidad. Este hecho ocurre en un momento en que el gobernador Osvaldo Jaldo viene exigiendo una austeridad franciscana y un control milimétrico del destino de los fondos públicos. La exhibición de la liquidación de expensas de junio de 2026 funciona como un elemento probatorio de alta densidad que podría acelerar las medidas de producción de prueba en el Fuero Penal.
La denuncia no solo golpea la línea de flotación de un apellido histórico del peronismo del sur provincial, sino que abre un debate impostergable. Se plantea la falta de mecanismos de control preventivo y auditoría patrimonial sobre los intendentes que administran recursos públicos. Esto es especialmente relevante en contextos de profunda vulnerabilidad social periférica, donde la transparencia es crucial para la confianza ciudadana.
