El Bernabé (Tucumán, 11 de junio de 2026).- El Ministerio Fiscal imputó formalmente a una comerciante tucumana por evasión tributaria simple, con un perjuicio al Estado provincial que asciende a $464.988.754 pesos.
Investigación y Millonaria Evasión
La investigación, liderada por la Unidad de Fiscalías de Delitos Complejos bajo la dirección de la Dra. Mariana Rivadeneira, puso en evidencia un significativo perjuicio a las arcas públicas locales. Este equipo de redacción auditó las actas judiciales, confirmando la imputación de una conocida comerciante de 40 años. Se le atribuye el delito de evasión tributaria simple, configurando un monumental agujero fiscal que asciende con precisión a la suma de $464.988.754 de pesos en detrimento directo del Estado tucumano.
El auxiliar de fiscal Federico Lizarraga expuso ante el tribunal el diseño de la maniobra delictiva, detallando una estrategia de ocultamiento sistemático. Esta acción se desarrolló durante los períodos fiscales correspondientes a los años 2023 y 2024, estableciendo un concurso real de delitos independientes. La acusación del Ministerio Público Fiscal es clara al señalar que la imputada, como contribuyente directa del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, omitió ingresar las sumas adeudadas mediante procedimientos engañosos.
Mecanismo de la Maniobra Delictiva
Las maniobras consistieron en la omisión deliberada de presentar las declaraciones juradas exigidas por la normativa tributaria provincial. La finalidad de esta conducta fue, según la acusación, distorsionar y ocultar su verdadera realidad económica. De esta manera, logró sustraerse del sostenimiento de la infraestructura comunitaria en los momentos más críticos de la actual crisis financiera. Esta situación se agrava en una coyuntura provincial donde la Secretaría de Hacienda enfrenta un déficit acumulado que triplica los niveles registrados durante la pandemia.
Respuesta del Estado Provincial y Mensaje Judicial
Ante la persistencia del silencio y la falta de presentaciones voluntarias por parte de la comerciante, el organismo recaudador provincial se vio obligado a activar sus mecanismos. La Dirección General de Rentas (DGR) ejecutó sucesivas determinaciones de oficio basadas en los movimientos comerciales y bancarios de esos dos períodos fiscales. Estos procedimientos de fiscalización extrema culminaron con el dictado de una deuda líquida, firme y consentida, por el monto millonario que hoy es objeto de investigación penal.
Para los especialistas en tributación local, este caso envía un mensaje político-judicial contundente en este mes de junio de 2026. Frente a la escasez de fondos federales, el Estado provincial ha decidido emplear el código penal como un elemento punitivo directo de disciplinamiento fiscal. El objetivo es perseguir a los grandes evasores para compensar el desborde del gasto operativo corriente, buscando sanear las finanzas provinciales mediante una mayor recaudación y el combate frontal a la informalidad de gran escala.
