El Bernabé (Tucumán, 9 de junio de 2026).- Un proyecto de ley que desafecta una calle pública para un country de Grupo Lucci detonó un escándalo en la Legislatura de Tucumán. Denuncias de extorsión y uso de familias vulnerables para forzar su aprobación marcan el centro de la controversia.
La Controversial Desafectación de Calle Pública
Lo que se presentaba como un trámite legislativo exprés y silencioso se transformó en una crisis política dentro de la Legislatura provincial. La aprobación de una ley impulsada por el legislador oficialista Mario Leito, busca desafectar una arteria pública de 650 metros de largo por 10 de ancho. Esta calle se ubica estratégicamente entre San Pablo y El Manantial, y ahora quedaría confinada exclusivamente dentro del predio privado de un country. Este beneficio directo a un desarrollador inmobiliario generó gran controversia.
La operación expuso las complejas relaciones entre el poder político y los grandes conglomerados económicos de la provincia. Más allá del evidente beneficio para la empresa desarrolladora, la tensión política escaló durante el debate en el recinto. Allí, se denunciaron maniobras de presión explícitas que, según las acusaciones, rozan la ilegalidad institucional. La magnitud del conflicto sugiere un precedente delicado para futuras decisiones legislativas que involucren intereses privados y bienes públicos en Tucumán.
Denuncia de "Apriete" con Familias de Ohuanta
La voz de alerta más contundente provino de las propias filas parlamentarias. El vicepresidente de la Legislatura, Alfredo Toscano, rompió la aparente calma del oficialismo al realizar una denuncia con implicaciones penales. Toscano detalló el presunto modus operandi de la empresa desarrolladora, perteneciente al poderoso Grupo Lucci, conocido por su marca Citrusvil. Esta denuncia puso el foco en prácticas cuestionables de la firma multinacional.
El legislador Alfredo Toscano afirmó que la compañía utilizó la vulnerabilidad habitacional de 80 familias de la zona de Ohuanta. Estas familias, según el denunciante, habrían sido usadas como moneda de cambio y escudo de extorsión para obligar a los parlamentarios a ceder la arteria pública. Toscano citó textualmente: "Si ustedes no me dan esto, yo corro a la gente", concluyendo que el trámite parlamentario se desarrolló bajo la figura de un "apriete" liso y llano, asentado sobre una necesidad humanitaria extrema.
El Acuerdo Inconsistente y el Precedente Peligroso
A pesar de que el legislador Mario Leito intentó defender el proyecto, argumentando que la desafectación vial era parte de un supuesto acuerdo para que Citrusvil regularizara las tierras de los vecinos de Ohuanta, la norma expuso severas inconsistencias. El controvertido convenio de contraprestación no figura adosado al texto definitivo de la ley aprobada. Además, no fue rubricado de forma legal por las partes involucradas, lo que genera incertidumbre sobre su validez y cumplimiento.
De este modo, la Legislatura tucumana validó una cesión patrimonial del Estado de carácter irreversible, a cambio de una promesa corporativa difusa. Este precedente se considera sumamente peligroso, ya que erosiona la seguridad jurídica colectiva en la provincia. La situación abre un potencial foco de conflicto latente de cara al segundo semestre de la actual gestión, poniendo en duda la transparencia de ciertos acuerdos público-privados en Tucumán.
