El Bernabé (Tucumán, 9 de mayo de 2026).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la condena a prisión perpetua de Ema Hortencia Gómez por el asesinato del juez Héctor Agustín Aráoz, reclasificando el hecho como homicidio simple.
El Giro Judicial de la Corte Nacional
La resolución de los ministros Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti marca un antes y un después en el resonante caso del asesinato del juez Héctor Agustín Aráoz, ocurrido el 26 de noviembre de 2004.
Al ordenar que el hecho sea juzgado bajo la carátula de "homicidio simple", la máxima instancia judicial revirtió la condena a prisión perpetua impuesta a Ema Hortencia Gómez, generando una expectativa de libertad casi inmediata para la acusada, quien lleva más de una década tras las rejas en la provincia de Tucumán.
Las Claves del Caso Aráoz y sus Contradicciones
El crimen de Aráoz, donde todos los involucrados eran o habían sido miembros de la fuerza policial provincial, siempre expuso las tensiones internas de la seguridad en Tucumán. Las teorías sobre el móvil fluctuaron entre una trama pasional y la posibilidad de que el juez investigara una "mafia policial" o redes de venta de drogas y uso de menores.
Tras un primer juicio en 2011 con penas menores, la Corte tucumana había elevado a perpetua en 2013, una sentencia ahora cuestionada por la Nación por carecer de sustento para la alevosía.
La reconstrucción original del fiscal Guillermo Herrera había apuntado hacia una compleja trama de celos y encubrimiento, elementos que la defensa intentó desvirtuar desde el inicio del proceso judicial.
Por otro lado, la querella había sugerido que el móvil real del homicidio se vinculaba directamente con investigaciones sensibles que el juez Aráoz llevaba adelante, relacionadas con la venta de estupefacientes y la explotación de menores en el tristemente célebre Instituto Roca, ampliando el espectro de la motivación.
Próximos Pasos y Situación de los Implicados
Ahora, un tribunal del viejo sistema conclusional deberá establecer una nueva pena para Gómez, que legalmente oscila entre los 8 y los 25 años por homicidio simple.
Considerando que la acusada ha cumplido ya más de diez años de detención preventiva, sus abogados defensores argumentan que la condena podría considerarse agotada o que su cliente calificaría de forma inmediata para acceder a la libertad condicional.
Esta situación reabre el debate sobre la duración de los procesos judiciales.
La situación del otro condenado, Héctor Darío Pérez, presenta una complejidad diferente.
Después de permanecer prófugo durante una década, Pérez fue recapturado el año pasado, lo que agrava significativamente su situación procesal.
Su caso podría no seguir el mismo camino que el de Gómez, dada su evasión de la justicia, y probablemente enfrentará un escenario legal distinto.
La intervención de la Corte Nacional subraya las debilidades arrastradas por el sistema judicial provincial durante años.
Impacto y Reflexión en Tucumán
Este nuevo capítulo en el caso Aráoz, dos décadas después del crimen que conmocionó a Tucumán, funciona como un crudo recordatorio de que la justicia tardía, a menudo, deviene en una forma más de injusticia.
La necesidad de que la Corte Nacional corrija una calificación legal fundamental habla de las tensiones y deudas pendientes del sistema judicial local.
La defensa de Gómez ya prepara las solicitudes de excarcelación pertinentes, mientras la provincia revive viejos fantasmas.
