El Bernabé (Tucumán, 12 de junio de 2026).- Una auditoría exhaustiva expuso la parálisis selectiva de causas judiciales que involucran a figuras de la primera línea del Poder Ejecutivo provincial, mientras la Unidad Fiscal de Delitos Complejos actúa con celeridad en otros expedientes.
La radiografía de una justicia desigual
Tras una exhaustiva auditoría directa sobre las fojas de notificación del Colegio de Jueces y los movimientos de expedientes en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, este medio desarmó la fisonomía de una "guillotina penal" con alarmante selectividad. Se observa que la fiscalía muestra una implacable ferocidad para procesar penalmente a comerciantes minoristas por deudas con Rentas, o para cercar a intendentes del interior con denuncias por enriquecimiento ilícito, aplicando medidas de arraigo rigurosas.
Expedientes congelados: el blindaje al Poder Ejecutivo
Sin embargo, un patrón preocupante emerge al constatar que los legajos y expedientes antiguos que involucran a figuras de la primera línea del actual Poder Ejecutivo provincial permanecen congelados. Estos casos, a pesar de su antigüedad y relevancia, se encuentran bajo un manto de burocracia institucional que nadie en las oficinas de Delitos Complejos se atreve a remover, generando un estancamiento prolongado en su tramitación judicial.
Celeridad fiscal: el accionar contra minoristas y la oposición
La revisión minuciosa de los casilleros de notificación expone cómo las causas que investigaron presuntas irregularidades en la administración de subsidios discrecionales o manejos de fondos públicos, durante períodos en que las máximas autoridades provinciales ejercían funciones en el interior o en la Legislatura, han sido prolijamente "pisadas". Esta parálisis selectiva contrasta brutalmente con el hiperrealismo procesal que los mismos fiscales despliegan al recibir denuncias para disciplinar la disidencia interna o limar las estructuras de la oposición libertaria.
El Ministerio Público Fiscal bajo la lupa política
Al examinar las entrañas de los tribunales de la Capital en este junio de 2026, queda en evidencia que el Ministerio Público Fiscal funciona como un eficiente dique de contención. Se agitan con premura las causas que convienen al relato de la transparencia oficial, pero se blindan los expedientes que podrían salpicar al riñón del jaldismo, lo que demuestra que la ley en Tucumán mide sus fallos con el termómetro del poder político de turno.
