El Bernabé (Tucumán, 11 de junio de 2026).- La Justicia de Tucumán impuso estrictas medidas cautelares a una comerciante imputada por un desfalco de $464 millones a la Dirección General de Rentas, estableciendo un precedente clave para delitos económicos.
Medidas cautelares y arraigo domiciliario
Las derivaciones de la audiencia imputativa contra la comerciante, acusada de vaciar las arcas de la Dirección General de Rentas, no se limitaron a la tipificación del desfalco de $464 millones. Establecieron un estricto precedente en materia de sujeción procesal para los delitos de cuello blanco en la provincia de Tucumán. Una revisión detallada de la resolución dictada por la jueza penal interviniente confirmó la aplicación de medidas de coerción.
Estas medidas de coerción, impuestas por un término perentorio de tres meses, fueron solicitadas por la Fiscalía. Se argumentó la necesidad imperiosa de resguardar el material probatorio y los libros contables pendientes de auditoría. El tribunal impuso a la acusada un estricto marco legal que incluye la promesa formal de no obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la obligación inquebrantable de mantener arraigo domiciliario en San Miguel de Tucumán.
Impacto en el empresariado tucumano
Adicionalmente, la imputada tiene la prohibición absoluta de realizar cualquier acto que altere los registros informáticos de sus terminales comerciales. Debe permanecer continuamente a disposición del Colegio de Jueces ante cada citación o comparecencia del tribunal. Este nivel de rigidez cautelar ha generado una preocupación creciente entre diversas cámaras del empresariado minorista y de servicios de la capital tucumana.
La práctica de retrasar declaraciones juradas de Ingresos Brutos para financiarse con la inflación era una conducta extendida en el sector privado, aprovechando la lentitud tradicional del proceso civil. Sin embargo, la celeridad con la que la Unidad de Delitos Complejos transformó una mora administrativa de Rentas en una causa criminal con restricciones de libertad demuestra un cambio sustancial en las prioridades de la política criminal del Ministerio Público provincial.
La investigación avanza y sienta precedente
El expediente judicial, que tramita bajo la supervisión de la fiscal Mariana Rivadeneira, ingresa ahora en una etapa crítica. Se realizará un exhaustivo cruce de facturación electrónica y clearing bancario. El objetivo es determinar si la imputada operaba como un eslabón aislado o si formaba parte de una red más compleja de contadores y testaferros dedicados a la falsificación de créditos fiscales en Tucumán.
La resolución de este caso, considerado un 'leading case', marcará el pulso de las relaciones entre el sector privado y el Estado provincial, que se encuentra urgido de aumentar su recaudación autónoma. Mientras la Fundación Federalismo y Libertad exige austeridad para bajar la presión impositiva local, la respuesta pragmática del aparato estatal se inclina hacia el endurecimiento de penas y la persecución penal de la elusión.
Este cambio de enfoque busca transformar el cumplimiento fiscal en una frontera de supervivencia jurídica para el comercio tucumano, enviando un mensaje claro sobre la intolerancia a las prácticas evasivas. La velocidad y rigor del proceso judicial actual demuestran una nueva era en la fiscalización de los recursos provinciales.
