El Bernabé (Tucumán, 10 de junio de 2026).- El legislador opositor José Cano presentó un proyecto de ley crucial que propone la adhesión de la provincia de Tucumán al Consejo Federal de Delitos Económicos. Esta iniciativa busca combatir el lavado de activos atacando la solvencia financiera de las organizaciones criminales.
Premisa y Alcance de la Iniciativa
La propuesta de Cano parte de una premisa doctrinaria moderna y restrictiva: es imposible desmantelar al narcotráfico a gran escala persiguiendo únicamente al eslabón más débil del narcomenudeo. El verdadero golpe estructural se asesta destruyendo el andamiaje del lavado de activos, persiguiendo el dinero que financia estas redes ilícitas.
El equipo de redacción de El Bernabé auditó de forma pormenorizada los fundamentos y el articulado del proyecto de ley. La iniciativa legislativa promueve la adhesión inmediata de la provincia de Tucumán al Consejo Federal de Delitos Económicos, con el fin de fortalecer la persecución de los delitos financieros.
Herramientas y Mecanismos de la Propuesta
La letra chica del proyecto contempla el otorgamiento de herramientas tecnológicas avanzadas y protocolos de software de auditoría fiscal cruzada para rastrear, en tiempo real, las inconsistencias patrimoniales y el enriquecimiento ilícito. Esto aplicaría específicamente a funcionarios estatales de los tres poderes del Estado provincial, buscando transparencia.
Un aspecto crucial de la norma promueve una articulación interjurisdiccional directa con la Unidad de Información Financiera (UIF) y otros organismos nacionales. Esto habilitaría a los fiscales a dictar el congelamiento inmediato de cuentas bancarias y el embargo preventivo de bienes registrados a nombre de testaferros o estructuras societarias pantalla, sin las dilaciones crónicas de los juicios de fondo.
Repercusiones Políticas y Judiciales en la Provincia
El debate de este proyecto de ley, que Cano pretende imponer en la agenda de las comisiones para el segundo semestre, opera como un sutil espejo de la coyuntura judicial que acorrala a la intendenta de Graneros. La iniciativa edifica una tenaza legislativa que obliga al bloque oficialista a definir de qué lado de la raya se parará el círculo rojo parlamentario.
Aprobar la norma significaría abrir los libros contables del municipalismo a las garras de los sabuesos federales, exponiendo posibles manejos irregulares. Cajonearla, por el contrario, validaría el discurso opositor de que la política tradicional prefiere mantener la opacidad financiera para blindar los patrimonios opacos de sus caciques territoriales, generando un costo político considerable para el oficialismo.
