El Bernabé (Tucumán, 9 de junio de 2026).- La Legislatura de Tucumán sancionó una controvertida ley que desafecta una reserva vial en El Manantial, beneficiando a la firma Citrusvil del Grupo Lucci, lo que expuso un fuerte lobby y generó una profunda fractura política.
El Polémico Lobby en la Legislatura
La sanción de esta ley ha puesto en evidencia las complejas dinámicas de poder que operan en la Legislatura de Tucumán, donde los intereses de grandes corporaciones agroindustriales a menudo influyen en decisiones estratégicas del Estado. Trascendidos desde el Palacio de las Leyes indican que la norma, enviada por el Poder Ejecutivo, no fue una aprobación casual, sino el resultado de un intenso y minucioso lobby orquestado por el legislador oficialista Mario Leito, quien habría asumido la tarea de alinear las voluntades de sus pares para asegurar un bloque de votos homogéneo.
El debate en el recinto fue una de las jornadas más tensas y políticamente costosas para el oficialismo en lo que va del año 2026. La gravedad institucional del acuerdo se selló cuando el vicepresidente de la Legislatura, el legislador Alfredo Toscano, denunció públicamente la metodología extorsiva empleada por el holding empresarial. Según Toscano, el Grupo Lucci venía usufructuando de manera irregular tierras públicas y utilizó la vulnerabilidad habitacional de 80 familias humildes del asentamiento de Ohuanta como virtual rehenes de presión.
La Denuncia de Alfredo Toscano
La corporación ofreció ceder de palabra otros terrenos para evitar el inminente desalojo de los vecinos, pero bajo una condición inaceptable para el decoro parlamentario: que el Estado provincial les borrara del mapa una calle pública estratégica para cerrar su loteo privado. Esta situación desnudó un acuerdo que ha generado un fuerte malestar interno en el bloque oficialista. Las condiciones impuestas por la firma agroindustrial dejaron en evidencia la presión ejercida sobre los representantes provinciales.
Desde su banca, el legislador Toscano lanzó una frase que resonó en el círculo político local: "Hay un privado usufructuando tierras públicas y hoy lo quiero decir con todas las letras: 'Si ustedes no me dan esto, yo corro a la gente'". El parlamentario sentenció que la Legislatura terminó votando bajo una coacción moral inaceptable, describiendo la situación con contundencia: "En mi barrio se diría que nos están apretando a partir de una necesidad". Esta denuncia pública puso en jaque la transparencia del proceso.
Consecuencias Políticas y Sociales
De este modo, la sanción de la ley no solo consagra un fabuloso beneficio corporativo hecho a la medida del gigante citrícola Citrusvil, sino que también deja un tendal de fracturas políticas internas en el oficialismo dialoguista. Muchos legisladores asumen que el costo social de haber cedido ante semejante "apriete" empresarial erosionará la legitimidad de los discursos de equidad que se pregonan desde las tribunas del Estado, generando un precedente preocupante para futuras decisiones. El impacto en la opinión pública de Tucumán será clave.
