El Bernabé (Tucumán, 11 de junio de 2026).- Un informe económico reveló que Tucumán acumuló un déficit financiero de más de $140.000 millones en el primer cuatrimestre de 2026, evidenciando un desequilibrio alarmante y el fin de seis años de estabilidad.
Déficit Récord y Desequilibrio Histórico
La auditoría, realizada por los economistas Bernabé Salas Arón y Pablo Agustín Pero en su reporte “Navegando en las Cuentas Públicas de Tucumán”, destaca que la cifra de $140.000 millones de pesos en moneda constante representa casi el triple del desequilibrio observado en el mismo período de 2020. Este dato crudo dinamita el relato oficial de disciplina fiscal en la Casa de Gobierno tucumana.
Los especialistas técnicos subrayan que la crisis actual no es solo consecuencia del derrumbe de la recaudación por la recesión nacional. Aunque la coparticipación del IVA cayó un 8,6% y Ganancias un 3,75%, el principal factor es la ineficacia del Ejecutivo provincial para contener un gasto político que se expande sin control. Este análisis desmiente la narrativa de ajuste que intentan imponer.
El Gasto Estatal: Burocracia Crece, Inversión Cae
Las erogaciones reales del Estado tucumano se incrementaron un contundente 6,8% interanual, ubicándose peligrosamente cerca del techo histórico de despilfarro registrado en el año electoral 2023. Esta expansión del gasto, apenas un 0,6% por debajo de aquel período de campaña, contrasta fuertemente con la supuesta austeridad pregonada por las autoridades provinciales. La preocupación crece entre diversos sectores.
Un hallazgo escandaloso de la auditoría es la degradación de la eficiencia estatal. Mientras el gasto operativo corriente, destinado a personal y burocracia, se expandió significativamente, la inversión real en infraestructura básica, como agua, energía y conectividad, sufrió una caída estrepitosa del 31% respecto al año anterior. Apenas un raquítico 2,3% del presupuesto total se destinó a gastos de capital.
Contradicciones en el Discurso Oficial y Fondos en Duda
Este descalabro financiero impacta de lleno en la interna peronista, haciendo añicos las afirmaciones públicas del propio gobernador Osvaldo Jaldo. El informe pone al descubierto una alarmante opacidad gubernamental al verificar las planillas de ejecución presupuestaria, desafiando directamente la credibilidad del discurso oficial en un momento de creciente tensión política. El impacto es ineludible.
A pesar de que el Gobernador Jaldo declaró en abril haber utilizado el fondo anticíclico de reserva para garantizar el pago de sueldos estatales, los registros mensuales oficiales, relevados por los economistas, exponen taxativamente un “$0 a la integración del fondo y $0 en usos del mismo”. Esta inconsistencia introduce una sombra de duda preocupante sobre el destino real de los fondos públicos provinciales.
