El Bernabé (Tucumán, 12 de junio de 2026).- El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobará un incremento del 36% en el boleto de colectivo, llevando la tarifa a un máximo de $1.700 desde los $1.250 actuales, buscando estabilizar el sistema de transporte público local.
La aprobación final del nuevo cuadro tarifario se concretará el próximo jueves en sesión del Concejo Deliberante, tras la firma del dictamen definitivo por la comisión específica este martes. El presidente del cuerpo, Fernando Juri, ya ha asegurado el consenso político para el incremento del 36%. Se descartó la "desproporcionada" pretensión de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), que había solicitado un boleto de $2.400, optando por una suba más moderada.
El camino hacia la oficialización y la postura de AETAT
Los concejales y las bancadas oficialistas justificaron el aumento por el encarecimiento descontrolado de insumos críticos como combustibles líquidos y neumáticos durante el último trimestre. A esto se suma la fuerte presión paritaria ejercida por los choferes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en sus audiencias reservadas con las empresas. Esta decisión se interpreta como una tregua política, donde se transfiere el costo a los usuarios para evitar un paro general que paralice la ciudad y afecte el consumo.
Costos operativos y presión sindical como justificativos
Las empresas prestatarias, históricamente, han sostenido que los millonarios subsidios estatales, aportados por la administración del gobernador Osvaldo Jaldo, son insuficientes para cubrir el déficit crónico de las líneas urbanas. Sin embargo, este escenario expone un complejo juego de intereses: mientras el Concejo Deliberante convalida los aumentos automáticos para sostener a las firmas de AETAT, la intendenta Rossana Chahla busca distanciarse del costo social del tarifazo y cambiar el paradigma del servicio.
La visión empresarial y la estrategia de la Intendencia
La jefa comunal acelera un proceso para caducar las controvertidas tenencias precarias de los recorridos céntricos y aspira a convocar una licitación pública internacional. El nuevo pliego de bases y condiciones exigiría unidades modernas con aire acondicionado y rampas de accesibilidad, elevando significativamente los estándares de calidad del transporte público. Esta iniciativa representa una "guerra de desgaste" entre la municipalidad y el empresariado local, buscando limpiar la imagen de la gestión.
La intendenta Chahla busca así imponer un estándar de servicio equiparable a modelos europeos, frente a un empresariado local que, según la auditoría de El Bernabé, apenas logra mantenerse a flote ajustando constantemente las tarifas actuales. La medida impactará directamente en el bolsillo de los tucumanos, en un contexto de inflación elevada y un salario real que no acompaña la suba de los servicios esenciales.
